¿Saben los legisladores estadounidenses lo que
votan o es la angustia de la reelección la que nubla su juicio? Estas
son dos de la preguntas que asaltan tras la aprobación de una
legislación que consagra el principio de justicia universal y del que
los congresistas se arrepintieron en apenas minutos.
En concreto, fue una media hora lo que tardaron senadores y
congresistas estadounidenses en pasar de las celebraciones por conseguir
una mayoría bipartidista no vista en años para revocar un veto
presidencial a expresar sus dudas por la llamada Ley de Justicia contra
Patrocinadores del Terrorismo, que permite demandar a Arabia Saudí en
tribunales estadounidenses.
El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, salió a
los pasillos del Capitolio a lamentar las “ramificaciones” de la ley que
había votado horas antes y el presidente de la Cámara de
Representantes, Paul Ryan, prometía a las víctimas su “día en los
tribunales”, pero con una ley que garantizara que los militares
estadounidenses no son inundados con demandas por todo el mundo.
La ley, que se
debatía en el convulso período electoral, había sido producto del
levantamiento del secreto sobre 28 páginas de informe de los atentado
del 11 de septiembre de 2001 que demostraba conexiones indirectas con
miembros de la familia real saudí y la red de financiación de los
terroristas implicados.
La legislación permite por primera vez demandar en tribunales
estadounidenses a un país que no es considerado por la Casa Blanca
patrocinador del terrorismo. Lo que era un tema que siempre paga réditos
políticos en Estados Unidos -ayudar a las familias de las víctimas de
los brutales atentados del 11S- se ha convertido en la primera vez que
Estados Unidos ampara la posibilidad de demandar a funcionarios de un
país extranjero en otro país, un principio conocido como justicia
universal, y al que Washington se ha opuesto insistentemente.
La tramitación hizo historia también porque fue la primera vez en los
casi ochos años de mandato de Barack Obama que el Congreso consiguió
votos suficientes para invalidar el poder de veto del presidente, que
llevaba meses avisando que con esta ley se ampararían por reciprocidad
demandas a militares o funcionarios estadounidenses en todo el mundo.
“Pongamos que Siria decide demandar a EE.UU. por apoyar a los
rebeldes moderados, que Damasco considera terroristas. Eso no importaría
mucho porque hay pocos intereses estadounidenses expuestos en Siria,
pero las consecuencias serían impredecibles si eso pasara en Egipto o
Arabia Saudí”, reflexionaba esta semana el profesor de derecho de la
Universidad de Texas Stephen Vladeck.
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